externalidades y costes sociales mapa conceptual

Comprender el tema

Las externalidades son efectos de una actividad económica que afectan a terceros sin que el precio del mercado los refleje. Este recurso explica la diferencia entre costes privados y costes sociales, los tipos de externalidades positivas y negativas, el problema de los bienes comunes y las soluciones propuestas por la economía del bienestar, como impuestos pigouvianos, permisos negociables y regulación. Incluye ejemplos europeos como la contaminación del tráfico urbano y la vacunación.

El coste privado es el que soporta quien produce o consume: salarios, materias primas, combustible. El coste social añade a ese importe los daños que recaen sobre terceros, como la contaminación o el ruido. Cuando existe una externalidad negativa, el coste marginal social supera al coste marginal privado, y el mercado, que solo responde a los incentivos privados, produce más de lo socialmente óptimo. Arthur Pigou formalizó esta idea en su Economía del Bienestar de 1920 y propuso gravar la actividad hasta igualar coste privado y social. Este razonamiento sigue siendo la base conceptual de los impuestos ambientales actuales.

Ronald Coase planteó en los años sesenta que, si los derechos de propiedad están bien definidos y las partes pueden negociar sin coste, los afectados y los causantes pueden llegar por sí mismos a la solución eficiente, sin intervención del Estado. El resultado, sin embargo, depende de supuestos exigentes: el número de afectados debe ser pequeño, la información accesible y los costes de transacción reducidos. En casos como la contaminación atmosférica urbana, con miles de afectados difusos, la negociación privada resulta inviable, y por eso las políticas públicas conservan un papel central en la corrección de externalidades.

Existen tres grandes familias de instrumentos. Los impuestos pigouvianos fijan un precio al daño, por ejemplo una tasa por tonelada de CO2 emitida. Los permisos negociables, como el mercado europeo de derechos de emisión, fijan una cantidad total y dejan que el mercado determine el precio. La regulación directa impone límites, como las normas de emisión de los vehículos o las zonas de bajas emisiones en ciudades españolas. Cada instrumento tiene ventajas: los impuestos y permisos son más flexibles y fomentan la innovación, mientras que la regulación ofrece mayor certeza sobre el resultado ambiental inmediato.

No todas las externalidades son dañinas. La vacunación protege también a quienes no se vacunan mediante la inmunidad de grupo, y la educación genera beneficios que van más allá del alumno individual. Como el agente no capta todo el beneficio social, el mercado tiende a producir menos de lo óptimo, y por eso los Estados subvencionan la educación, la investigación o las energías renovables. Un caso límite son los bienes públicos, como el alumbrado o la defensa nacional, que son no rivales y no excluibles, y los bienes comunes, como las pesquerías, cuya rivalidad sin exclusión favorece la sobreexplotación descrita por la tragedia de los comunes.